Cláusulas de jubilación forzosa. ¿Jubilación obligatoria?

Cláusulas de jubilación forzosa. ¿Jubilación obligatoria?
No se puede imponer la figura de la jubilación forzosa si vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos a elegir libremente un trabajo digno

La jubilación constituye una de las principales figuras de seguridad social en el derecho español, actualmente contenidas en la Ley General de la Seguridad Social, emitida a través del Real Decreto Legislativo 1/1994, del 20 de junio.

El principio de la jubilación consiste en que el trabajador, al alcanzar una determinada edad y cumplir con una serie de requisitos, puede acceder a una pensión, entendida como una prestación económica periódica por parte del Estado.

La idea de establecer un límite en los años del trabajador para finalizar los contratos colectivos en materia de trabajo, ha tenido una evolución importante a través del desarrollo del derecho social en España, lo cual resulta necesario conocer a fin de observar la postura jurídica del Tribunal Constitucional ante este aspecto.

Disposición Adicional Quinta de la Ley 8/1980 del 10 de marzo

Un antecedente lo encontramos en esta ley, se imponía a los trabajadores una jubilación obligatoria al cumplir sesenta y nueve años. La entrada en vigor de la disposición adicional provocó que el Tribunal Constitucional abordara el estudio legal de esa norma.

Por lo anterior, del estudio realizado por el máximo Tribunal culminó con diversas sentencias donde se declaraba inconstitucional al establecer que la incapacidad para laborar a los sesenta y nueve años fue establecida de una forma absoluta e incondicional, con lo que culminaba la relación laboral únicamente al actualizarse un requisito como es el cumplir ciertos años de vida.

Posteriormente, los estudios de constitucionalidad se centrarían en la habilitación para fijar un límite de edad en las negociaciones colectivas, conforme al párrafo segundo de la disposición adicional, lo cual derivó en sentencias contrarias a los intereses de los trabajadores, pues el Tribunal Constitucional sostuvo que: la terminación de la relación de trabajo por cumplir los años señalados, no quebrantaba derechos constitucionales siempre y cuando ese supuesto sea justificado y el trabajador fuera debidamente compensado.

Ley 12/2001, de 9 de julio. Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad

Este ordenamiento constituyó el instrumento jurídico, mediante el cual, el poder legislativo estimó que las políticas de trabajo que se implementaban bajo las premisas de edad resultaban obsoletas.

Lo anterior en razón de que el promedio de vida del trabajador se venía incrementando de manera gradual, aunado a que la Seguridad Social en el rubro laboral buscaba privilegiar la permanencia del trabajador en sus puestos, aún si hubieran alcanzado los años jubilarse.

Hasta este momento, se pudo apreciar con mayor nitidez que la permanencia en el trabajo era opcional, aun si se rebasaban los años necesarios para la jubilación.

Ley 14/2005, de 1 de Julio. Sobre las cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación

Con esta ley, el derecho social español retornó a la figura de la jubilación forzosa, ahora bajo un esquema que permitía incorporar al Estatuto de los Trabajadores, la posibilidad para que en las negociaciones colectivas se establecieran supuestos de extinción de la relación laboral cuando el trabajador alcanzara determinada edad.

Si bien este supuesto resultó menos riguroso que el plasmado en la Ley 8/1980 del 10 de marzo, lo cierto es que retomaba criterios asentados en jurisprudencia del máximo Tribunal a efecto de suavizar lo máximo posible la figura de la jubilación forzosa. Incluso, retomó directrices contenidas relativas a la directiva 2000/78/CE, del Consejo de la Unión Europea.

En este esquema, la jubilación forzosa pretendía ser acorde a la política de «diferencias de trato por cuestiones de edad», según el marco jurídico aplicable. Es decir, que su aplicación pretendía alejarse de un trato discriminatorio en contra del trabajador, lo que podría ser un avance, pero aún dejaba abierta la posibilidad de ser impugnada bajo otros argumentos ante el Tribunal Constitucional, como es la restricción a elegir libremente el tiempo para dejar de trabajar.

Ley 27/2011, de 1 de Agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social

Su disposición adicional trigésimo sexta estableció diversos lineamientos que, ya no solo tenían que ver con el requisito de edad, sino también con los años cotizados y la cuantificación de las pensiones.

En el tema de los años para alcanzar la jubilación, se establecieron dos supuestos: uno de treinta y ocho años de edad y seis meses cotizados y otro de 67 años con 15 años de cotización. Por lo tanto, la figura de la jubilación forzosa comenzaba a desvanecerse una vez más al ser dividida con un supuesto adicional, situación que debía ser observada en las negociaciones colectivas.

Ley 3/2012, de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral

La disposición adicional relativa a esta ley adoptó, entre otras medias, la prohibición para que en los convenios colectivos se establecieran cláusulas de jubilación forzada y declarando nulas las que se llegaran a establecer después de la entrada en vigor de la norma, esto bajo ciertos lineamientos que se tenían que observar conforme al ámbito temporal de aplicación de la norma.

Real Decreto-ley 28/2018 en materia de negociación colectiva desde enero de 2019

Así, llegamos al referido decreto de ley, en la que se retoma la figura de la jubilación forzosa y se introduce nuevamente en el marco de las negociaciones colectivas. Es decir, se abre la posibilidad una vez más para asentar cláusulas de terminación de la relación laboral por el cumplimiento de determinada edad.

Pareciera ser que es insuficiente que en esta nueva normativa se establezca que las cláusulas de los contratos colectivos se ajusten a una serie de requisitos, como son, entre otros, que el trabajador cumpla con los requisitos previstos en la Ley de Seguridad Social, para la jubilación en su modalidad de «contributiva», o que deban ser acordes a «las políticas de mejora laboral», pues el trasfondo de esta situación sigue siendo la limitación de la voluntad del trabajador para decidir libremente el momento en que deba dejar de trabajar, aún si ha cumplido los sesenta y cinco años.

El derecho español ha sufrido una serie de altibajos en cuanto al tema de la jubilación forzosa, a veces permitiéndola y otras prohibiéndola. A partir de enero del presente año, el fantasma de la jubilación forzosa reaparece en el sistema de seguridad social y todo indica que no tardará en modificarse.

Se debe tener presente que los trabajadores, antes de ser un elemento del sistema capitalista, son seres humanos con una serie de derechos fundamentales protegidos, no solo por la Constitución Española, sino también por los convenios y tratados internacionales en los que España es parte.

Traigamos como referencia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya observancia es obligatoria para España; en su artículo seis se estableció que los Estados miembros tienen la obligación de implementar todas las medidas necesarias que garanticen el derecho de las personas a ganarse la vida mediante un trabajo de su elección. Lo cual no parece ocurrir con el Real Decreto-ley 28/2018 en materia de negociación colectiva desde enero de 2019, pues restringir este derecho por una cuestión de años cumplidos no da oportunidad al trabajador de decidir si desea continuar o no.

Por lo anterior, se afirma que el acceso al trabajo sigue siendo un derecho nacional en la que convergen otras garantías, como la libertad a desarrollar libremente la personalidad, el acceso y elección del trabajo, a la no discriminación y al trato digno, entre otros derechos fundamentales y humanos que una vez más son amenazados.

Es un hecho que el Tribunal Constitucional tendrá, una vez más, la histórica labor de analizar este tema donde pareciera que la libertad de las personas para desempeñar un trabajo de su elección es vulnerado por el poder legislativo. Pues, sin importar el mejoramiento de los aspectos económicos que se otorgan al trabajador, como la compensación por su jubilación, lo cierto es que la libertad de trabajar es un derecho universal y no debe condicionarse a otras cuestiones ajenas a la voluntad del trabajador.

Trabajar después de cumplir sesenta y cinco años

Resulta lógico pensar que la expectativa de años y de calidad de vida de los trabajadores debe ir incrementándose en tanto las condiciones de desarrollo, bienestar, salud y atención médica continúan mejorando, pues esa ha sido la tendencia en los últimos años. Lo que nos lleva a concluir que cada vez será más difícil delimitar de manera objetiva el momento en que los trabajadores dejen de ser productivos.

En efecto, aún si la ley de Seguridad Social establece como los sesenta y cinco años para alcanzar la jubilación, eso no significa que a partir de ese momento las personas quedan imposibilitadas para ejercer algún trabajo. De ahí la necesidad de que la opción de jubilación sea voluntaria.

No es necesario continuar desempeñando las labores en la misma empresa o centro de trabajo. Es decir, las personas mayores pueden realizar cualquier actividad lucrativa que les permita seguir cotizando al sistema de la Seguridad Social desde cualquier fuente de trabajo. Por lo tanto, no se puede negar el derecho a ejercer la libertad de trabajo bajo ninguna premisa impuesta por el legislador.

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